Covid-19 en Latinoamérica, democracia y derechos humanos

Colombian soldiers wear face masks as a preventive measure against the spread of the COVID-19 coronavirus, during a training at the Presidential Guard battalion in Bogota, on April 16, 2020. - The Colombian government extended compulsory military service for three months due to the crisis caused by the COVID-19 coronavirus pandemic. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

A finales del año pasado, millones de personas salieron a las calles en América Latina, clamando a sus gobiernos por la protección de valores poderosos: la democracia, la igualdad y los derechos humanos.

Hoy, la lucha contra el covid-19 destaca la importancia de estos valores.

Líderes en la región deben tomar acciones inmediatas para enfrentar esta emergencia de salud pública. Sin embargo, dichas acciones decisivas deben también incluir los derechos humanos y gobernanza democrática, no solo por la importancia de estos valores, sino porque son fundamentales para promover la confianza y cooperación pública. De lo contrario, la lucha contra el covid-19 será ineficiente, y fortalecerá prácticas antidemocráticas en la región.

Desafortunadamente, ya tenemos ejemplos de líderes implementando acciones que socavan la democracia y los derechos humanos, y que así ponen en peligro la efectividad de medidas de salud pública en América Latina.

La administración de Trump es el origen de algunas de las acciones que violan valores básicos y exacerban la pandemia en la región. Estados Unidos ha ignorado sus obligaciones legales al terminar con el derecho de asilo en la frontera con México. Esto a dejado a decenas de miles de solicitantes de asilo varados en estancias fronterizas sobrepobladas. Así mismo, presión y polarización política estadunidense ha sofocado los esfuerzos para entregar ayuda humanitaria a Venezuela durante la pandemia, lo que a la vez ha cerrado oportunidades para el diálogo.

Sin embargo, varios líderes latinoamericanos también han implementado acciones problemáticas por su cuenta. En El Salvador, el gobierno actuó rápidamente para contener el contagio del virus pero su estrategia incluyó el despliegue de fuerzas militares y policiales que han detenido a más de 1,200 personas en ‘centros de cuarentena’ sobrepoblados. De la misma forma, en Bolivia más de 3,000 personas han sido detenidas, encarceladas por horas y multadas excesivamente por violar toques de queda impuestos por el gobierno interino de Áñez.

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