
Una corte de apelaciones devolvió a los jueces de inmigración de cuatro estados el poder para cerrar administrativamente casos de deportación. El fallo le propina un duro golpe a la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump, cuyo objetivo es deportar al mayor número posible de indocumentados.
En el fallo de 24 páginas emitido el viernes de la semana pasada, la Corte de Apelaciones del 4º Circuito dictamonó que los Jueces de Inmigración (IJ) y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) “tienen la autoridad de cerrar administrativamente los casos pendientes ante ellos”.
El fallo deja sin efecto una decisión emitida en septiembre del año pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, en el caso Castro-Tun. Sessions concluyó que la ley de inmigración (INA) no permitía a los jueces de inmigración cerraran los casos administrativos ante sus propios tribunales, incluso aquellos que podrían ser resueltos por otras agencias federales.