Trump ordena atacar a patrocinadores de inmigrantes. Pero necesita información enterrada en una cueva

El presidente Donald Trump ordenó en mayo que se tomaran “medidas” para que los ciudadanos que patrocinan a inmigrantes deban pagar todos los gastos sociales que éstos ocasionen. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) ha anunciado ahora cuáles serán esas medidas. Pero su cumplimiento a rajatabla será complicado porque la información necesaria está guardada en millones de hojas de papel enterradas en una cueva en las llanuras del Medio Oeste.

La ley de Responsabilidad del Inmigrante y Reforma de la Inmigración Ilegal fue aprobada en 1996, con el demócrata Bill Clinton en la presidencia; endureció los mecanismos de deportación (permitiendo, por ejemplo, expulsar a cualquiera que cometiera una falta o delito), prohibió beneficios públicos a los indocumentados, y obligó a sus patrocinadores a hacerse responsables de cualquier gasto social de éstos.

Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno nunca intentó cobrar a los patrocinadores, no tanto por falta de voluntad como por ausencia de mecanismos para ello. Así, la orden de Trump incidía precisamente en esto: averiguar cómo pasar la factura a los padres, hijos, hermanos o esposos de migrantes que, por ley, se comprometieron a poder sostener financieramente a éstos.

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